Diputada Francisca Bello oficia a Delegación Presidencial y Ministerio del Interior para aclarar eventual vínculo entre actual proveedor de agua y empresa cuyo contrato fue terminado en Marga Marga
La diputada por el Distrito 6, Francisca Bello, ofició a la Delegación Presidencial y al Ministerio del Interior para solicitar antecedentes sobre la empresa que actualmente presta servicios de distribución de agua potable mediante camiones aljibe en la provincia de Marga Marga, ante posibles vínculos con un proveedor cuyo contrato fue terminado meses atrás por graves incumplimientos.
En mayo, la Delegación puso término anticipado al contrato de Transportes Betancourt Hermanos Limitada, que abastecía sectores de Olmué y Villa Alemana, tras detectar que cargaba agua desde un punto sin resolución sanitaria. Un mes después, hizo lo mismo con Sociedad Constructora y Transportes M&M Limitada, que prestaba servicios en Olmué y Limache, por eventualmente, tener una situación similar vinculada a la captación de agua desde un punto no autorizado.
Tras estos episodios, actualmente figura como proveedor Transportes Hermanos Betancourt Car Ltda., empresa respecto de la cual Bello pidió esclarecer una eventual relación con Transportes Betancourt Hermanos Limitada. Entre los antecedentes están la similitud de sus nombres y registros públicos que vinculan a Claudio Betancourt con la representación de la empresa vigente, mientras Claudio Alejandro Betancourt Carrasco figura como administrador de la empresa cuyo contrato terminó en mayo.
“Si los hechos detectados fueron considerados suficientemente graves por la propia autoridad como para terminar el contrato y llevar los antecedentes al Ministerio Público, resulta difícil entender que eventualmente se haya vuelto a contratar a personas vinculadas con esa misma empresa. Eso es precisamente lo que queremos que se aclare: quiénes están detrás del actual proveedor, cómo se realizó esta contratación y qué controles se hicieron antes de adjudicarla”, señaló Bello.
Por ello, la parlamentaria pidió conocer el proceso de contratación, determinar si existen socios, administradores, representantes, vehículos, domicilios o trabajadores comunes entre ambas sociedades y esclarecer si los incumplimientos del proveedor anterior fueron considerados antes de contratar al actual.
“Estamos hablando de familias de sectores rurales que dependen de estos camiones para acceder a algo tan básico como agua potable. Después de todo lo que ha ocurrido este año, la obligación de la autoridad es despejar cualquier duda y garantizar que quien esté a cargo del suministro cumpla estrictamente con las condiciones sanitarias y contractuales”, concluyó la diputada.
