Exinspector de Quilpué acusa desvinculación tras alertar a jefatura sobre presunto acoso sexual de su compañera
octubre 22, 2026
Nuevos antecedentes surgen en el caso que involucra a un inspector de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quilpué, denunciado por una compañera de trabajo por presuntos hechos de acoso sexual.
Cristian Araos, exinspector de Seguridad Pública y quien trabajó cerca de un año y medio en el municipio bajo modalidad de contrata, asegura que fue desvinculado después de respaldar a la funcionaria, informar a sus superiores y modificar turnos para evitar que ambos coincidieran.
Según su relato, la situación comenzó cuando advirtió que una asistente se encontraba afectada emocionalmente y decidió conversar con ella.
La trabajadora le habría contado que otro inspector venía realizando acercamientos que ella no consentía, incluyendo mensajes de WhatsApp, llamadas y visitas a su domicilio.
La noche en La Retuca
Uno de los episodios relatados habría ocurrido durante un turno nocturno.
La funcionaria se encontraba trabajando en La Retuca cuando, según Araos, el inspector denunciado habría llegado hasta el lugar para retirarla y llevarla a realizar patrullajes por sectores como Calicheros y el camino al Zoológico.
El exinspector sostiene que existían otros asistentes disponibles, pero que el funcionario habría elegido específicamente a la trabajadora.
Durante esos desplazamientos, ella habría recibido insinuaciones de carácter sexual y, en uno de los episodios relatados, el inspector habría intentado besarla sin su consentimiento.
Estos antecedentes corresponden al relato que Araos afirma haber recibido de la funcionaria y deberán ser esclarecidos por las investigaciones correspondientes.
Araos dice que informó a la jefatura
Tras conocer la situación, Araos afirma que informó al entonces director de Seguridad Pública, Héctor Sánchez, y a un asesor de la unidad.
El exinspector cuestiona que, pese a ese conocimiento, según su versión no se haya realizado directamente una denuncia ante Carabineros o la PDI.
Araos sostiene que ambos tenían experiencia previa en Carabineros y que, por ello, conocían las obligaciones que podrían corresponder ante el conocimiento de un eventual delito.
La trabajadora finalmente habría realizado la denuncia por sus propios medios.
Posteriormente, según Araos, la funcionaria le pidió no volver a ser enviada a La Retuca, debido a que allí debía coincidir con un inspector cercano al funcionario denunciado. También le habría manifestado sentirse intimidada por situaciones ocurridas fuera de su jornada laboral.
Como jefe de turno, Araos decidió cambiar su asignación para evitar esa situación, decisión que posteriormente habría sido cuestionada por sus superiores.
El 31 de agosto de 2026, mientras participaba en una capacitación, Araos fue citado por Recursos Humanos.
Según su versión, se le comunicó que dejaba de pertenecer al municipio y que no debía presentarse a trabajar al día siguiente.
El exinspector sostiene que su salida estuvo relacionada con el respaldo que entregó a la funcionaria y con haber informado los antecedentes a sus superiores.
También afirma que posteriormente buscó trabajo en otras municipalidades y que habría recibido referencias negativas que dificultaron su contratación.
“Yo no entiendo el por qué tanto daño por solamente haber apoyado a la asistente”, afirmó.
Otros exinspectores hablan de temor
En contacto con este medio, otros exinspectores que trabajaron en el Departamento de Seguridad Pública también cuestionaron el ambiente interno de la unidad.
Según sus testimonios, existiría entre algunos exfuncionarios la percepción de que para mantenerse o acceder a determinados espacios dentro del departamento sería necesario tener cercanía con el director o su asesor.
“Si no eres amigo o no eres del grupo del director o de su asesor, no puedes formar parte del departamento”, es la percepción que aseguran se habría instalado entre algunos trabajadores.
Los exfuncionarios consultados sostienen que esto habría generado temor a cuestionar decisiones o denunciar situaciones que pudieran incomodar a las jefaturas.
Estas afirmaciones corresponden a testimonios y percepciones de exfuncionarios y no han sido acreditadas mediante una investigación administrativa o judicial
El concejal Marco Antonio Aguirre, presidente de la Comisión de Seguridad, pidió investigar el actuar de la jefatura.
“Como concejal de Quilpué, considero indispensable esclarecer si el director de Seguridad Pública cumplió con sus deberes legales frente a una denuncia por hechos de connotación sexual. Si tomó conocimiento de estos antecedentes y omitió las obligaciones que establece la ley, deben determinarse las eventuales responsabilidades administrativas y penales. La protección de las víctimas, la transparencia y el cumplimiento de la ley no son opcionales. Por eso, solicito que los organismos competentes investiguen los hechos y establezcan las responsabilidades que correspondan.”
Marco Antonio Aguirre – Concejal de Quilpué
La Municipalidad de Quilpué informó anteriormente que había instruido un sumario administrativo tras la denuncia contra el inspector por presuntos hechos de acoso sexual.
El municipio señaló que el funcionario denunciado dejó de ejercer funciones desde el día en que se presentó la denuncia y que se resguardarían la confidencialidad, los derechos de las personas involucradas y el debido proceso.
También informó que la funcionaria contaba con orientación jurídica a través del Centro de las Mujeres de Quilpué.
Los antecedentes iniciales daban cuenta de episodios que se habrían iniciado en abril de 2026 y que habrían escalado durante un turno nocturno del 25 de julio, incluyendo presuntos intentos de besos sin consentimiento, además de mensajes, llamadas, contactos por redes sociales y visitas al domicilio.
Araos entrega una versión distinta respecto de algunos hechos posteriores y sostiene que el funcionario no habría sido simplemente separado, sino que habría renunciado tras ser advertido de la situación.
Los nuevos antecedentes dejan abiertas preguntas sobre qué medidas adoptó la jefatura al conocer el relato de la funcionaria, si correspondía realizar una denuncia directa ante las policías, cuáles fueron las razones de la salida de Araos y si existió alguna relación entre su desvinculación y el apoyo que entregó a la trabajadora.
También deberá determinarse si las acusaciones sobre eventuales favoritismos dentro del Departamento de Seguridad Pública tienen algún fundamento.
Las versiones expuestas corresponden a los testimonios de Araos y otros exinspectores. Las eventuales responsabilidades administrativas o penales deberán ser determinadas por los organismos competentes.
